GUSTAVO PETRO

Reproducimos la siguiente declaracion de Organizaciones estadounidenses, a raiz de la visita del Presidente Alvaro Uribe a ese paìs.

Tomado de http://www.wola.org/index.php?option=com_content&task=viewp&id=445&Itemid=8&LANG=sp

COMUNICADO DE PRENSA

5 de junio de 2007

Para más información contactar a:
Roger Atwood, WOLA (202) 797-2171 ratwood@wola.org
Gimena Sanchez, WOLA (202) 797-2171 gsanchez@wola.org
Heather Hanson, USOC (202) 232-8090 heather_hanson@usofficeoncolombia.org

Declaración Pública de Grupos Estadounidenses para la Segunda Visita del Presidente Colombiano Álvaro Uribe

Durante más de una década, organizaciones internacionales y colombianas de derechos humanos han documentado e informado sobre los vínculos presuntos entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y oficiales militares y estatales. Precisamente debido a estos informes, en 2000 el Congreso de los EEUU aprobó legislación que requiere que el Secretario del Estado certifique el progreso de Colombia en los derechos humanos, y en 2001, el Departamento de Estado de EEUU añadió la AUC a su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Durante seis años, el Secretario del Estado ha declarado al congreso y a la ciudadanía estadounidenses que el gobierno colombiano ha avanzado sustancialmente hacia un mayor respeto a los derechos humanos, el rompimiento de los vínculos entre los paramilitares de las AUC y el ejército, y la suspensión e investigación a los oficiales militares acusados de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos. Después de gastar 5 mil millones de dólares de los ciudadanos estadounidenses en Colombia, cabe escudriñar más la certificación del Secretario del Estado.

Recientemente, la Corte Suprema de Colombia y la Fiscalía han empezado investigar los vínculos “para-políticos.” Según un artículo llamado “Se Detallan Lazos entre Paramilitares y Elite en Colombia”, del 22 de mayo en el Washington Post, “14 miembros del congreso colombiano actual, siete legisladores antiguos, el director de la policía secreta, alcaldes y gobernadores antiguos” han sido acusados de colaborar con comandantes paramilitares, y “una docena más de legisladores actuales está bajo investigación.”

Líderes paramilitares desmovilizados han sostenido en sus testimonios que oficiales militares, la elite política y empresarios en Colombia financiaron el crecimiento del grupo paramilitar AUC, firmaron un pacto político con ellos para “re-fundar” el Colombia, y directamente planearon e implementaron acciones armadas con combatientes paramilitares. En la quinta ronda de su testimonio el 15 de mayo, el alto comandante paramilitar Salvatore Mancuso dijo que “paramilitarismo es política estatal”. Testificó que se reunió en 1996 y 1997 con General Rito Alejo del Río para planificar una ocupación paramilitar de la región de Urabá. En marzo de 2004, el entonces Fiscal General, Luis Camilo Osorio, declaró que no iba a presentar cargos contra Del Río a pesar de las pruebas considerables de sus supuestos lazos con grupos paramilitares. Mancuso había declarado que estaba involucrado en planificar la masacre de 15 personas en El Aro en 1997 con el General Alfonso Manosalva, quien era entonces el comandante de la 4º Brigada del Ejército Colombiano. En una entrevista desde la cárcel, Ivan Duque, un estratega paramilitar, confirmó las declaraciones de Mancuso, diciendo, “¿Usted piensa que una fuerza irregular de 17,000 combatientes bien armados podría recorrer tras todo el país sin que nadie supiera? Sin que nadie colaborara?”

La administración de Uribe se ha atribuido el mérito por las investigaciones del escándalo para-político, pero el poder ejecutivo no ha sido el ímpetu tras estas revelaciones importantes. De hecho, Presidente Uribe está desvalorizando los esfuerzos de la Corte Suprema y la Fiscalía de procesar a los políticos por su participación con grupos paramilitares: ha propuesto eliminar la pena de prisión para líderes políticos que divulguen sus lazos (El Tiempo, Mayo 23). Ya Jorge Noguera, el ex-Director de la policía secreta colombiana (DAS) – quien ha sido acusado de crímenes graves como manipular elecciones, colaborar con paramilitares, y compartir listas de nombres de activistas sociales con los paramilitares para dirigirse a usar la violencia contra ellos – ha sido puesto en libertad por detalles técnicos. Además, el Presidente Uribe ha acusado públicamente a defensores de los derechos humanos, periodistas, y políticos de la oposición que están trabajando por documentar el alcance de organizaciones paramilitares de mentir, apoyar a grupos guerrilleros, e intentar socavar a las fuerzas públicas de Colombia. Varios de los grupos e individuos mencionados por Presidente Uribe en estos ataques públicos han sido posteriormente amenazados.

Debido a que los que testifican sobre los lazos paramilitares se enfrentan con graves peligros, la falta de mecanismos adecuados de protección para ellos ha puesto en riesgo la marcha de estas investigaciones tan esenciales. El Senador Gustavo Petro, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del senado colombiano, ha sido clave en avanzar las investigaciones sobre los vínculos entre paramilitares y políticos. Él ha recibido amenazas de muerte y su oficina en el senado ha sido registrada ilegalmente dos veces por fiscales del gobierno. Una víctima prominente, Yolanda Izquierdo, quien presentó testimonio en contra Salvatore Mancuso, fue asesinada frente a su casa a plena luz del día el 31 de enero después de rogar a numerosas agencias estatales por la protección que nunca recibió. Otro líder del Movimiento Nacional de Víctimas, Señor Iván Cepeda, está siendo investigado después de ser acusado por difamación y calumnio por su papel en facilitar una audiencia pública en San Onofre, Sucre, donde víctimas prestaron declaración sobre los lazos entre políticos locales y paramilitares. Unos 50,000 víctimas más puedan brindar sus testimonios, pero sin medidas de seguridad, es poco probable que muchos de ellos participen totalmente en el proceso judicial. Docenas de fiscales del gobierno y jueces tienen protecciones inadecuadas debido a los riesgos que se enfrentan en investigar estos crímenes. Hasta los altos comandantes paramilitares detenidos en la cárcel de seguridad máxima en Itagui han recibido amenazas y han expresado sus preocupaciones por su propia seguridad y la de sus familias.

La Fiscalía General y la Corte Suprema de Colombia todavía carecen de los recursos necesarios para poder llevar adelante todas las investigaciones que están bajo su cargo. La Oficina de Derechos Humanos está encargada actualmente de brindar representación jurídica para las víctimas así como los perpetradores de crímenes paramilitares, aunque no tiene un presupuesto adicional para apoyar dicha actividad. No hay planes suficientes para brindar protección para las autoridades judiciales encargadas de destapar la verdad sobre los crímenes paramilitares. Miles de cadáveres en fosas comunes no han sido identificados, mientras la falta de unidades de preservación adecuadas y de tecnología forense pone en riesgo la conservación de estas pruebas esenciales e impide la posibilidad de que miles de familias de desaparecidos recojan los restos de sus seres queridos.

Mientras tanto, existen informes sobre la reagrupación de paramilitares en varias regiones de Colombia. La misión de monitoreo de la Organización de Estados Americanos indica que hay unos 3,000 miembros en estos grupos rearmados, mientras otras fuentes en Colombia han estimado que la cifra llegaría a unos 6,000 miembros. Estos grupos siguen ejerciendo un control sobre muchos pueblos, participando en actividades económicas ilegales como el tráfico internacional de drogas y – según informes recientes de la prensa – la comunicación con sus ex comandantes encarcelados. En regiones como Nariño donde los grupos guerrilleros colombianos (mayormente las FARC y ELN) también siguen activos, los combates entre paramilitares rearmados y grupos guerrilleros ha provocado el desplazamiento de miles de civiles. Según el informe nuevo del International Crisis Group, los programas de reintegración que pretenden servir a combatientes desmovilizados han tenido un éxito limitado. Por ejemplo, sólo el 26% de los desmovilizados tiene trabajo, el 28% ha recibido servicios de consejo psicológico y 10% ha accedido a la educación superior.

Aparte de los escándalos sobre los lazos entre paramilitares a las elites de la política y del ejército en Colombia, seguimos sumamente preocupados por los ataques contra sindicalistas, que resultaron en los asesinatos de 72 sindicalistas en 2006. Desde la toma de mando del Presidente Uribe hasta la fecha, más de 400 sindicalistas han sido asesinados. Hasta abril de 2007 había solamente 10 condenas en estos casos.

Estas preocupaciones nos llevan a instar una nueva política estadounidense hacia Colombia, una política basada en la ayuda económica en lugar de la ayuda militar, que apoya a las víctimas del conflicto armado interno y que asegura el respeto por los derechos humanos y laborales.

Para concluir, deseamos expresar nuestro gran apoyo para todos ellos en Colombia quienes están luchando para construir un país más democrático con sus esfuerzos valientes de destapar la verdad y buscar la justicia. Todos ellos trabajando en avanzar estos procesos – aunque en las cortes, la prensa, las organizaciones de derechos humanos, las agencias gubernamentales o agencias de control – merecen nuestra consideración más alta y agradecimiento sincero. Especialmente queremos alabar aquellas víctimas quienes han sufrido daños irreparables como resultado del conflicto armado interno y quienes están ahora acercándose, a pesar de los grandes riesgos personales, para dar testimonio y exigir la justicia.

Heather Hanson
Executive Director
U.S. Office on Colombia

Gimena Sánchez-Garzoli
Senior Associate for Colombia and Haiti
Washington Office on Latin America

Adam Isacson
Director of Programs
Center for International Policy

Lisa Haugaard*
Executive Director
Latin America Working Group

Stephen Coats
Executive Director
US/ Labor Education in the Americas Project

Angela Berryman
Interim General Secretary for Peace and Conflict Resolution
American Friends Service Committee

David A. Robinson
Executive Director
Pax Christi USA: National Catholic Peace Movement

Bama Athreya
Executive Director
International Labor Rights Fund

Marselha Gonçalves Margerin
Program Officer
Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights

John Lindsay-Poland and Susana Pimiento Chamorro
Co-Directors
Fellowship of Reconciliation Task Force on Latin America and the Caribbean

Robin Buyers
Support Coordinator
Christian Peacemaker Teams Colombia Team

Pamela Bowman
School of the Americas Watch

Marino Cordoba
AFRODES USA

Séamus P. Finn, OMI
Director
Office of Justice, Peace and the Integrity of Creation
Missionary Oblates of Mary Immaculate

Catherine Gordon
Associate for International Issues
Washington Office, Presbyterian Church (USA)

Anne Barstow
Presbyterian Peace Fellowship

Barbara Gerlach
Colombia Liaison
United Church of Christ Justice and Witness Ministries

Cristina Espinel and Catalina Talero
Colombia Human Rights Committee

Parrish Jones
Mission Network for Colombia
Presbyterian Church USA

Gabriel Camacho
Chapter President
Labor Council for Latin American Advancement
Massachusetts Chapter

Suren Moodliar
Massachusetts Global Action

Maria Elena Letona
Executive Director
Centro Presente, Cambridge MA

Russ Davis
Executive Director
Massachusetts Jobs with Justice

Burke Stansbury
Executive Director
Committee in Solidarity with the People of El Salvador, National Office

Lisa Fuller
Committee in Solidarity with the People of El Salvador, Boston Office

Roland E. Roebuck
DC Latino Community Activist

Theo Sitther
Legislative Associate for International Affairs
Mennonite Central Committee U.S. Washington Office

Gerardo Cajamarca
Steelworkers Global Justice

Melinda St. Louis
Executive Director
Witness for Peace

* firma como individuo