miércoles, noviembre 07, 2007

Condeno el asesinato del sindicalista Jairo Giraldo Rey

Bogotá, noviembre 7 de 2007: Es bien conocida mi negativa, por diversas razones, a la aprobación del Tratado de Libre Comercio, TLC, entre Colombia y los Estados Unidos de América.


Creo firmemente que de aprobarse este tratado, en las condiciones en que está concebido actualmente, se consolidaría, entre muchos otros desastres, una gigantesca operación de lavado de activos, especialmente de predios rurales, adquiridos por vías ilegales, llámese narcotráfico o desplazamiento forzado. Eso sí que sería una verdadera hecatombe, con el respeto que me merecen sectores industriales, lejanos de aquellas prácticas delictivas y que serían beneficiados por el TLC.


Por meses, defensores y opositores, hemos expresado opiniones y discutido argumentos. Las cartas están sobre la mesa y solo esperamos, de parte del Congreso de los Estados Unidos, una decisión inteligente en el sentido de no ratificar el tratado.


El hecho de razonar pacíficamente me da todo el derecho de condenar el asesinato de Jairo Giraldo Rey, ciudadano colombiano, sindicalista del Valle del Cauca y defensor del TLC, ocurrido la semana pasada.


Como hombre de paz, profundamente convencido del desastre a que nos llevaran el uso de las armas, exijo justicia y reclamo de la sociedad colombiana el apego a la discusión y la resolución pacifica de las diferencias.


Gustavo Petro Urrego

Senador de la República.

8 comentarios:

Anónimo dijo...

Tomado de http://felipezuleta.blogspot.com

Artículo: Y sigue chabacudeando

Anónimo dijo...

Patrones Metodológicos >>
Investigaciones

El caso Chambacú


MEDIO El Espectador
AÑO 1999
AUTOR(ES) Ignacio Gómez

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QUÉ DESCUBRIÓ

El 30 de noviembre de 1992 el constructor cartagenero Héctor García Romero entregó al Inurbe (Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana) una propuesta para adquirir la propiedad del terreno. Cinco meses después (14 de mayo de 1993), el entonces Ministro de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, nombró como director del Inurbe a Héctor García Romero, el mismo que le había planteado a la entidad que ahora dirigía, su interés por el lote de Chambacú. Siendo director del Inurbe, Héctor García Romero, le propuso al alcalde de Cartagena, Gabriel García Romero, su primo hermano, que le cambiaran la destinación de uso del suelo a Chambacú, propuesta que fue aceptada por su primo y avalada por el Concejo de Cartagena que decidió dividir el terreno en una zona de parque y otra de construcciones. La zona de parque fue cedida por el Inurbe a Cartagena en noviembre de 1993 y la de construcciones se vendió en febrero de 1995 al consorcio Chambacú de Indias S.A., en el que figuraban como socios Héctor García Romero, el embajador Luis Alberto Moreno, Fernando Araujo Perdomo, Alberto Araujo Merlano, Martha Abondano de García; Sergio Espinosa Posada y Rafael Pérez Lequerica, entre otros. El informe demostró que trámites como la decisión de cambiar la destinación del predio, la apertura de la licitación y el avalúo del lote, estuvo en manos de personas que después resultaron siendo los compradores de Chambacú.

A estos hechos se sumaron otros detalles que demostraron que varios funcionarios del Inurbe entre 1993 y 1995 actuaron deliberadamente para favorecer los intereses de la Familia Araujo, del ex ministro y embajador en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno y del ex director del Inurbe Héctor García Romero y su esposa Martha Abondano de García.

El 4 de marzo de 1999 se escribió en uno de los apartes del editorial de El Espectador que: “Lo que llama la atención de este negocio es que un conjunto de funcionarios oficiales -en los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana- terminaron como dueños del mismo. Es decir, quienes desde el Estado permitieron que el terreno fuera urbanizable, con el paso de los días terminaron ejecutándolos como socios de una empresa particular. Entre las determinaciones adoptadas por los actuales propietarios del terreno, cuando eran funcionarios, figura la liberación del terreno -originalmente previsto para un gran parque-, para que pudiese venderse y destinarse a la construcción”. Ese mismo día el periodista Ignacio Gómez publicó otro informe en el que mostró el rostro humano de la historia, el cual hacía referencia al drama de 35 familias que a través de distintos medios de presión del Estado habían sido desposeídos de sus predios, ubicados en el sector de Papayal, el cual hace parte de Chambacú y cuyos registros catastrales fueron borrados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.


ORÍGENES DE LA INVESTIGACIÓN

Una de las más crudas historias del racismo en Colombia, Chambacú, designaba a un predio baldío, sede de un parque que nunca se construyó, donde generaciones enteras de afro-americanos libertos de la esclavitud vivían en la miseria secando playas de una ciénaga interior de la ciudad de Cartagena para construir ranchos semi-lacustres, entre la ciudad amurallada y el castillo de San Felipe, una fortaleza militar que fue la máxima construcción de la corona española en la colonización de América. El predio fue desalojado en los años 50, para alejar la miseria del proyecto turístico de Cartagena y luego del escándalo que generó la novela-denuncia “Chambacú, corral de negros” del escritor Manuel Zapata Olivella sobre la marginalidad social en la que la élite de la ciudad había mantenido a los negros de ese asentamiento, siglo y medio después de la abolición de la esclavitud, y en la perspectiva de alejar la miseria de los ojos. El domingo 28 de febrero de 1999, Ignacio Gómez G. reveló en El Espectador, un complejo entramado de corrupción para apropiarse del predio, en el que se involucraba altos funcionarios de tres gobiernos consecutivos.










BÚSQUEDA AVANZADA


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METODOLOGÍA

Hipótesis
El objetivo era demostrar el tráfico de influencias que condujo a que dicho terreno terminara en manos de allegados del círculo gubernamental del presidente colombiano Andrés Pastrana para fines privados que reñían con el interés público e histórico de la ciudad de Cartagena.

Tipo de búsqueda
El presidente Andrés Pastrana, que había llegado seis meses atrás al gobierno denunciando la corrupción de su antecesor Ernesto Samper, tenía como ministro de Desarrollo Económico a Fernando Araujo, que había avaluado el terreno que él mismo compraría después, y su socio el desde entonces embajador de Colombia en Washington, Luis Alberto Moreno, había sido Ministro de Desarrollo en un gobierno anterior (el de César Gaviria 1990-1994) y desde esta posición había ordenado la venta en subasta pública del predio.

Fuentes
Fuentes confidenciales en el Ministerio de Desarrollo, oficinas de registros públicos y comunidad afectada.

Medios
Recursos materiales: Los normales de una redacción. No se compró información.
Recursos humanos: Investigación individual.
Tiempo: Cuatro meses.



PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN

Aparte de la dificultad para la recolección de documentos, el principal obstáculo de este trabajo periodístico fueron las presiones sobre el periodista Ignacio Gómez de parte de los dirigentes políticos implicados. Durante el debate en el Congreso el reportero fue objeto de acusaciones y hostigamientos públicos, incluso, sobre su vida personal. Sin embargo, las publicaciones y las investigaciones posteriores demostraron que Chambacú fue uno de los casos de corrupción más evidentes de los últimos años.


IMPACTO

Un mes después de la publicación del escándalo, Fernando Araujo renunciaría al Ministerio de Desarrollo, pero sólo tres años más tarde la Fiscalía lo vincularía a él y al entonces Superintendente de Valores, Jorge Gabriel Taboada, al investigación criminal por el caso.

Un día después de la publicación de El Espectador, 1 de marzo de 1999, el fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, y el procurador general, Jaime Bernal Cuellar, anunciaron la apertura de indagaciones penal y disciplinaria sobre los hechos denunciados y la designación de funcionarios para tal fin. El 2 de marzo el contralor Carlos Ossa Escobar también anunció la apertura de indagación fiscal por el caso del Banco del Estado, entidad a la que el ministro le adeudaba cerca de 500 millones de pesos.

La Procuraduría inició además investigaciones por presuntas irregularidades en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, autoridad ambiental encargada de otorgar la licencia de para la construcción del megaproyecto urbanístico de Chambacú.

El 6 de abril de 1999 la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cuatro ex funcionarios del Inurbe vinculados al sonado caso de Chambacú. Los llamados a rendir explicación ante el Ministerio Público fueron el ex director general del Inurbe y superintendente de Valores, Jorge Gabriel Taboada; Samuel Eduardo Salazar Echeverri, ex director del Inurbe y para la época embajador de Colombia en Chile; Rómulo José Arabia Valderrama, ex subgerente especial; y Carlos Ordosgoitia Osorio, ex director regional del Inurbe en Bolívar y secretario privado del ministro Fernando Araujo Perdomo.

El procurador Jaime Bernal dijo que la decisión se tomó porque “se encontraron indicios serios de posibles irregularidades en el proceso de avalúo de Chambacú”. También anunció que se abrió investigación preliminar contra el ministro de Desarrollo Fernando Araujo Perdomo.

La Comisión Sexta del Senado también citó para el martes 13 de abril al ministro de Desarrollo para que explicara sus actuaciones en el caso Chambacú, la urbanización en Montería y el nombramiento de un socio suyo en Chambacú como su representante en la junta directiva.

El 1 de mayo de 1999 El Espectador informó sobre la decisión de la Fiscalía de vincular a varias personas del caso Chambacú a una investigación penal. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a versión libre al secretario privado del Ministerio de Desarrollo, Carlos Ordosgoitia Osorio, y a los primos Héctor García Romero, ex director del Inurbe, y Gabriel Antonio García Romero, ex alcalde de Cartagena, quien el día anterior había sido capturado en Bogotá por otro proceso que se le sigue en su contra por peculado.

El 12 de agosto de 1999 se produjo la primera crisis ministerial del Gobierno Pastrana y uno de los primeros funcionarios en ser removido de sus cargo fue el ministro de Desarrollo, Fernando Araujo Perdomo, quien había recibido críticas de distintos sectores políticos para que dimitiera por los cuestionamientos hechos por la Fiscalía y la Procuraduría a raíz del escándalo de Chambacú, la urbanización Portal de la Almería en Montería y sus deudas con el Banco del Estado.

El 8 de septiembre se informó que la Fiscalía había llamado a declarar al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno, y al ex ministro de Desarrollo, Fernando Araujo Perdomo por el caso Chambacú y a otras 13 personas por créditos fraudulentos en el Banco del Estado.

Dos meses después, 8 de noviembre de 1999, la Fiscalía decidió que el ex ministro Araujo Perdomo; los ex directores del Inurbe: Héctor García, Jorge Gabriel Taboada y Samuel Eduardo Salazar Echeverri; y el ex alcalde de Cartagena, Gabriel García Romero, debían responder penalmente por posibles irregularidades en Chambacú. El miércoles 14 de junio de 2000 la Fiscalía dictó medida de aseguramiento de detención preventiva contra el ex ministro de Desarrollo, Fernando Araujo Perdomo, por el caso de la urbanización Portal de la Almería en Montería, pero le concedió el beneficio de libertad condicional previo el pago de una caución de tres salarios mínimos legales mensuales (780 mil pesos).

Tres meses después, el 28 de septiembre de 1999, se dictó auto inhibitorio a favor del embajador de Colombia en Washigton, Luis Alberto Moreno, por Chambacú. Pero se continuó con la investigación en contra de Araujo, Taboada, García Romero, Salazar y Ordosgoitia.

El 4 de diciembre de 2000 el ex ministro Araujo Perdomo fue secuestrado por un grupo armado que lo interceptó en el exclusivo sector de Bocagrande en Cartagena y desde entonces son pocas las noticias que se tienen de él. Se cree que el secuestro sea obra del Frente Caribe de las FARC, pero esa organización guerrillera no ha confirmado las versiones de los organismos de inteligencia e investigación del Estado.

El proceso penal contra los implicados en el caso Chambacú ha seguido su curso y el pasado 5 de junio de 2002 la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Fiscalía que llame a juicio penal por el delito de falsedad ideológica en documento público al superintendente de Valores, Jorge Gabriel Taboada, quien se vio obligado a renunciar al día siguiente, a raíz de los cuestionamientos hechos por su participación en el negocio de Chambacú, cuando se desempeñaba como director general del Inurbe.

mié nov 07, 01:37:00 PM 2007

Anónimo dijo...

Creo que esta es una posicion correcta,rechazar cualquier ataque a cualquier colombiano,pues nuestro deber es defender la vida,la vida de cualquier ser vivo.Como la realidad es creada por nosotros mismos,nadie tiene acceso a la realidad, y por lo tanto no hay diferencia entre la realidad real y la virtual,la virtual es creada por la tecnologia,luego la popularida de Alvaraco ,es creada por los medios,pero esto nos obliga a conseguir mas opinion en la provincia donde hay mas deformacion politica, y la practica de la izquierda ha evolucionado muy poco y se sigue con el dogmatismo staliniano,lo que nos aleja de las concepciones modernas.

Anónimo dijo...

Por casualidad observé la transmisión en directo que hicieran los canales de televisión, de la entrevista al Presidente Venezolano Hugo Chávez, al insurgente Iván Marquez y a la Senadora Piedad Córdoba.

Quedé de una pieza, al ver a Márquez que no podía ocultar el grado de satisfacción y esa sonrisa al ver todos los periodistas agolpados compitiendo por entrevistarlo.

con todo lo que ha dicho este gobierno sobre las Farc, con el odio que demuestra el mismísimo presidente Uribe y su séquito de Ministros y de periodistas, jamás hubiera creído que ese mismo gobierno propiciara más publicidad a las Farc que cualquier otro actor político o social.

Después sentí gran preocupación. En el transcurso de la entrevista improvisada Iván Marquez se tomó todo el tiempo del mundo y con tranquilidad respondió una a una las preguntas. Insistió en retirarse pero los periodistas no se lo permitían.

Yo no se si en mi imaginación esté "hilando muy delgado" como se dice ahora, pero sentí que Uribe empujó a las Farc a los brazos de Hugo Chávez. Qué oportunidad de oro para las Farc.

¿Cómo pagarán las Farc al Presidente Venezolano tanta consideración y deferencia?, Es decir, en vez de agotar el conflicto, a mi parecer, el gobierno Uribe acaba de meterle combustible a la guerra.

Veo cada vez más lejano un proceso de paz con las Farc. A ellos les encanta la guerra, y Uribe les está dando lo que les gusta. A Uribe también le encanta la guerra y las Farc le dan lo que a él le gusta.

Lo peor es que somos los colombianos los que llevamos del bulto pagando impuestos para alimentar esta horrible guerra. Y los muertos por centenares los pone la sociedad. QUÉ INJUSTICIA!

PD. Sin duda alguna, no habrá ACUERDO HUMANITARIO!. OTRA INJUSTICIA!

Anónimo dijo...

En una conferencia del Dr. Zuluaga, profesor de Teoría del Estado y Teoría Política de la Universidad Javeriana de Cali, el académico nos explicaba el día de ayer porqué considera que el problema del conflicto en Colombia tiene su origen en la cultura Centralista, heredada desde la Corona Española.

Culminó su exposición con la siguiente frase:

"En Colombia Dios está en todas partes, pero despacha desde Bogotá".

Anónimo dijo...

elnuevosiglo.com

Por: EDUARDO VARGAS MONTENEGRO
Craso error


ESTOY de acuerdo con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia: las acciones de retoma del Palacio de Justicia hace 22 años se realizaron en forma imprudente, cruenta y precipitada.

Los operativos militares se desarrollaron en forma atroz, como si no se hubiese querido dejar huella alguna de las altas Cortes. Por supuesto los miembros del M-19 que participaron en la toma tuvieron gran responsabilidad de lo ocurrido. Ellos pidieron perdón, y de acuerdo con la Ley, se amnistiaron e ingresaron a la vida política, sin que hasta el momento haya prueba alguna de rearme. Si en un momento estuvieron alzados en armas, luego fueron ejemplo de civilidad y de respeto por la democracia. Aquí han asumido su responsabilidad.

Eso no ha ocurrido con los militares comprometidos en la retoma. Las evidencias y las conclusiones de la Comisión de la Verdad apuntan, contrario a lo que afirma la Casa de Nariño, a que no se procuró ni la liberación ni la defensa de los rehenes. Aún están en la mente de los colombianos los cañonazos disparados desde los tanques de guerra, en forma indiscriminada.

Siguen también muy presentes las imágenes de las personas que salieron del Palacio hacia la Casa del Florero y que nunca aparecieron. El único caso resuelto hasta el momento es el de Irma Franco, quien fue asesinada en el Cantón Norte y sus restos enterrados en Tolemaida, con claras muestras de tortura. Eso no es de ninguna manera cumplir las obligaciones que a las Fuerzas Armadas les imponen la Constitución y las Leyes. Son crímenes de lesa humanidad, desarrollados bajo el amparo de un uniforme y de una supuesta legalidad. En nada beneficia a las Fuerzas Militares ni a la Nación esconder la realidad y seguir responsabilizando a quienes ya asumieron su cuota.

El mensaje de Presidencia es peligroso, y mucho. Además de ser contraevidente, deja abierta la puerta a la impunidad del Estado, algo que no sólo se observa en el caso de los hechos de 1985, sino a todo lo largo de la historia del paramilitarismo en el país. No reconocer la responsabilidad que han tenido las Fuerzas Armadas en la violencia generalizada, tanto en lo individual como en cuanto a cuerpo, es intentar enterrar en una fosa común a la justicia.

Eso sí hiere la dignidad de un Estado, pues lo rebaja a una actitud infantil en la que no se reconocen las equivocaciones, sino que se exaltan en un furor enfermizo y se justifican sólo por el hecho de representar la institucionalidad. Craso error el no reconocer los crímenes de Estado. Respetamos a las Fuerzas Armadas, siempre en el marco de la legalidad, no con exoneraciones fuera de lugar.

Anónimo dijo...

CON MUCHO CARIÑO, ¿LES PUEDO HACER UNA SUGERENCIA?

NO DEJEN TANTO TIEMPO FOTOGRAFÍAS DE URIBE EN LA PÁGINA DEL POLO. PARECE QUE LE ESTUVIERAN HACIENDO PUBLICIDAD POLÍTICA NO PAGADA A UN TERCER MANDATO.

CREO Y MUCHOS ASÍ LO AFIRMAN, QUE ESTO NO LE CONVIENE AL POLO.

Anónimo dijo...

No se quien lo dijo, pero dijo que de tanto repetir una mentira ésta se vuelve verdad. Es reiterativa la intención de los medios y sus periodistas en dejar en la mente de los colombianos el vínculo entre Pablo Escobar y el M19 en la Toma del Palacio de Justicia y de paso dejar sobre los hombros de personas como Usted Senador Petro, que lo único que han hecho es entregar su vida, su tranquilidad y su conocimiento en la búsqueda de una Colombia mejor, el peso de los crímenes de Estado, de magnicidios y de genocidios como el de 1985 y posteriores.

Considero que debería pronunciarse sobre la acusación. Sé que muchas veces lo ha hecho pero son muy pocas las que transcriben los mismos medios y periodistas que quieren enlodar su nombre.

A través de este medio, su blog, o de la página del Polo, me gustaría, o mejor, a los colombianos de bien nos gustaría que exponga nuevamente sus argumentos sobre porqué no hubo posibilidad de tal alianza.

Con esa afirmación tan peligrosa las élites u oligarquías quieren lavar las manos ensangrentadas por décadas de los militares y policías al servicio de intereses privados.

He leído y escuchado sus argumentos y los argumentos de Antonio Navarro y creo en ustedes. Además de varias inconsistencias en los hechos que relata la historia.

Por ejemplo, cómo entender que la alianza se conocía en la sociedad, en los medios, en la opinión pública y en el mismo Estado, la alianza fue siempre entre el Narcotráfico y los sectores poderosos. ¿Porqué se suspendería temporalmente tal alianza durante la toma y la retoma del Palacio?

¿Porqué la ejecución extrajudicial de guerrilleros capturados vivos en la retoma? ¿Porqué la ejecución extrajudicial de la cúpula del M19, posterior al Holocausto?

Los colombianos vimos los disparos de los tanques a la puerta del Palacio y la forma tan infame como entraron esos tanques, disparando sin piedad.

Era vergonzoso y frustrante ver los tímidos disparos que salían del Palacio en contraposición con los rocketazos que propinaba el Ejército al interior del Palacio.

Es claro que el Establecimiento quiere empañarlos a ustedes con el horror de esos días, con la miseria de Estado y de fuerzas militares que han definido la agenda en Colombia, una agenda cruzada por la tortura, la desaparición forzosa, las masacres, el narcotráfico y recientemente la impunidad de las fosas comunes, de los asesinatos selectivos y de los exilios.

Por favor no callen su verdad. Colombia necesita que toda la verdad brille a la luz del día y en esto la versión de ustedes es muy importante.

Le repito, se que usted así lo hace pero los medios esconden estas versiones.

Un Abrazo revolucionario.

A continuación, aunque creo ya conoce el contenido del siguiente artículo que por demás me produce escalofrio.

La segunda muerte de Reyes Echandía


El consejo de estado, en instancia final, determinó que el presidente de la corte murió como consecuencia de la fuerza excesiva del ejército

Por Daniel Coronell
11/10/2007 -1332
Revista Semana

Nunca la vida fue fácil para él y ahora quieren quitarle el sentido a su muerte. No pudo usar siquiera su nombre completo. No se llamaba Alfonso Reyes Echandía, sino simplemente Alfonso Reyes. Sólo tenía un apellido: el de su mamá.

Era uno de los muchos niños necesitados de Chaparral. Sin embargo, no se resignaba al triste futuro que le reservaba la vida.

El hijo de Carmen Reyes, el mismo que años después fuera asesinado siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, tuvo que trabajar como carpintero, ayudante de bus y obrero de construcción, para convertirse en bachiller.

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Quería ser abogado y con infinitas ganas de estudiar, pero sin un centavo, tocó las puertas del claustro más liberal del país: la Universidad Externado de Colombia.

Su paso por la facultad de derecho sigue siendo un ejemplo en la Universidad. En los 121 años del Externado, no ha existido un estudiante mejor. Con una indeclinable fuerza de carácter, difícil de adivinar detrás del ropaje de su timidez, Alfonso Reyes venció todos los obstáculos y se convirtió en doctor.

Su brillante carrera -siempre ligada a la academia- lo llevó a ser magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, viceministro de Justicia, magistrado de la Corte Suprema, presidente de la Sala Penal y finalmente presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En ese cargo estaba cuando se enfrentó con valor a los narcotraficantes. Públicamente denunció las amenazas que venían recibiendo los más altos jueces del país de parte de los llamados extraditables. Es decir, Pablo Escobar y sus socios del cartel de Medellín.

No le tembló la voz para denunciarlos, como no le tembló ese miércoles 6 de noviembre de 1985 cuando el M-19, auspiciado por el narcotráfico, asaltó el Palacio de Justicia. Reyes intentó hablar con el presidente de la República, Belisario Betancur. Como no lo logró, llamó a su antiguo alumno el general Miguel Maza Márquez, director del DAS. También habló con el general Víctor Delgado Mallarino, director de la Policía, viejo amigo y conocido suyo.

Los dos oficiales le aseguraron que había orden de cesar el fuego para preservar la vida de los rehenes. Alfonso Reyes llamó en medio del fuego cruzado a su hijo Yesid, y le dijo que tanto Maza como Delgado sostenían que sólo restaba que la orden llegara a las tropas, por un problema de comunicaciones.

Cuando Reyes se comunicó con las emisoras de radio para hablar del cese del fuego, el gobierno dio la orden de silenciarlo.

Alfonso Reyes, el presidente de la Corte Suprema, murió como consecuencia de la toma demencial del M-19, asociado con organizaciones criminales, que fue respondida de manera improvisada, excesiva -y también demencial- por la Fuerza Pública.

Así lo recordó esta semana César Julio Valencia, quien ahora ocupa la silla de Reyes en la presidencia de la Corte.

Por atreverse a decirlo, a Valencia le llovieron rayos y centellas. El gobierno, interesado en minar moralmente a los jueces de sus aliados políticos, niega ahora los excesos de la contratoma.

Sin embargo, hay un fallo judicial que no deja lugar a dudas. El Consejo de Estado, en instancia final, determinó que Alfonso Reyes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, murió como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte del Ejército.

La sentencia establece que el Estado no actuó para preservar la vida de Reyes y de los demás rehenes. Por eso determina que la Nación, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, el DAS y la Policía Nacional son administrativamente responsables por la muerte del presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La irracionalidad criminal de los enemigos de la democracia no autoriza a las fuerzas legítimas para incumplir las leyes.

No hay que permitir que, en función de las conveniencias políticas de ahora, nos arrebaten la lección que nos dejó la muerte del más insigne juez de Colombia.

Anónimo dijo...

www.eltiempo.com

LA HIPOCRESÍA

El Gobierno contra el Polo

Mauricio García Villegas. Columnista de EL TIEMPO.

Estrategia del Gobierno contra el Polo: hacer ver a sus dirigentes como cercanos a guerrilla

La estrategia consiste en tratar de hacer ver a sus dirigentes como políticos cercanos a la guerrilla.

Una vez más el presidente Uribe mostró su cobre de mal perdedor al negarse a recibir al alcalde electo de Bogotá luego de su triunfo el pasado 28 de octubre. Si todo hubiese quedado ahí, en la displicencia del Presidente, el asunto sería recordado como un desplante de mal gusto y nada más. Pero las cosas fueron mucho más lejos. El 29 de octubre, el consejero Luis Carlos Restrepo y el ministro Juan Manuel Santos la emprendieron contra el presidente del Polo, Carlos Gaviria, no solo por quedarse callado luego de la publicación de un artículo suyo en la pagina web de Anncol, sino por sus opiniones sobre el delito de sedición.

En relación con el tema de la sedición me limito a señalar que Restrepo parece no entender nada cuando acusa a Gaviria de simpatizar con la guerrilla por el hecho de opinar a favor de la aplicación del delito político a la guerrilla. El presidente del Polo piensa de esa manera porque cree -como lo cree la Corte Suprema y lo cree la gran mayoría de los penalistas desde la humanización del derecho penal en el siglo XVIII- que los motivos del delincuente son relevantes en el momento de medir la pena que se le debe imponer. Gaviria defiende esa posición por razones éticas, no por simpatías con los delincuentes.

Pero en este asunto de la sedición, el comisionado Restrepo parece menos ignorante que hipócrita. No hay que olvidar que, desde que se redactó el proyecto de la Ley de Justicia y Paz, es el Gobierno -y sobre todo el mismo Restrepo- el que ha tratado de favorecer a los paramilitares con los beneficios del delito político. Si no fuera por las altas cortes, que se han opuesto, hace rato que los 'paras' tendrían ese beneficio.

El Gobierno también acusa a Gaviria de no reaccionar ante la reproducción de un artículo suyo en Anncol. Aquí no hay ignorancia jurídica, sino simple mezquindad. ¿O acaso el Presidente o el comisionado Restrepo se han precipitado a descalificar a los paramilitares que desde sus páginas web o desde sus publicaciones han reproducido sus ideas? No, y no lo han hecho porque no tienen por qué hacerlo. En principio, uno no está obligado a responder por la manera como otros usan o abusan de nuestras ideas. Sin embargo, a Gaviria no solo le piden que haga algo que ellos -los del Gobierno- no hacen, sino que le piden que haga algo que ni ellos, ni Gaviria, están obligados a hacer.

Las acusaciones contra Gaviria hacen parte de una estrategia política muy efectiva. El Presidente sabe que su gran apoyo popular proviene, en buena parte, de su capacidad para interpretar el profundo sentimiento antiguerrillero del pueblo colombiano (un sentimiento alimentado con los crímenes y las infamias de las Farc). Consciente de ello, la estrategia del Gobierno contra el Polo consiste en tratar de hacer ver a sus dirigentes como políticos cercanos a la guerrilla. Dado que no tienen pruebas para vincularlos con la subversión, los acusan, como hace José Obdulio, de pecar por pensar.

Para quitarse ese sambenito de encima, pienso que Carlos Gaviria debería ser aún más explícito de lo que ha sido hasta ahora en su condena de las Farc. Con ello, no violentaría sus convicciones liberales -que son más profundas que las de Uribe- y neutralizaría la estrategia del Gobierno. Mientras no lo haga, lo seguirán acusando de "pecar por pensar".

Lo chocante de estas acusaciones no es tanto su carácter infundado -de eso está lleno el debate político- sino la descalificación que hacen de Gaviria a partir de raseros éticos que el Gobierno mismo, si se los aplicara, no podría superar.

Todo esto me hace recordar la célebre definición que La Rochefoucauld hace de la hipocresía: "Aquel homenaje que el vicio le rinde a la virtud".

* Profesor de la Universidad Nacional e investigador de DeJusticia

Mauricio García Villegas