20 de Abril de 2008
Por: Alejandro Reyes Posada
El Gobierno podría aprovechar que paramilitares y narcotraficantes hicieron la mitad de la tarea, al concentrar ilegalmente en sus manos las mejores tierras, y hacer la otra mitad, distribuyéndolas organizadamente a campesinos y desplazados.
El Gobierno anunció que pondrá un plazo para que los paramilitares desmovilizados entreguen la tierra usurpada y también resolvió vender en subasta pública el millón de hectáreas ya incautadas a narcotraficantes, para que inversionistas privados las pongan a producir. Las dos iniciativas revelan las consecuencias de no tener una política de tierras ni una institucionalidad para aplicarla.
El Gobierno busca crear un gran fondo de tierras para reparar a los desplazados, sin capacidad para administrarlo y, al mismo tiempo, busca deshacerse del fondo de buenas tierras ya acumulado durante más de una década, que podría usarse para los campesinos, por incapacidad para distribuirlas.
La expropiación de tierras por violencia afectó a las víctimas en la medida de los derechos que tenían, desde grandes haciendas perdidas por los terratenientes, hasta pequeñas parcelas abandonadas por los campesinos desplazados. Restituir el estado de cosas a la situación anterior a la expropiación forzosa dejaría intactas las causas del conflicto por la tierra, que se resumen en la injusta distribución de la propiedad y la desigual oportunidad para producir de unos y otros, por las distintas calidades de tierra y los apoyos diferenciados del Gobierno a los grandes y pequeños productores del campo.
Otra situación es la de tierras adquiridas con recursos ilícitos por narcotráfico o corrupción, pues en ella la justicia, mediante la extinción de dominio, declara que el derecho de propiedad nunca existió a favor del titular y lo regresa en cabeza del Estado.
Todavía existe un gran apetito por tierras para lavar dólares del narcotráfico y una oferta simultánea de tanta extensión, con tanta liquidez para invertir, es una oportunidad de oro para que las tierras extinguidas regresen a manos de narcotraficantes, esta vez por la vía segura y legal de la subasta al mejor postor, que garantiza un título libre de sospecha.
Los paramilitares no robaron tierras dispersas al azar ni los narcotraficantes compraron en cualquier parte. Ambos grupos lo hicieron en regiones específicas donde ejercieron control territorial, buscando compactar grandes extensiones productivas, y esas características de la acumulación permitirían al Gobierno recuperar grandes globos contiguos de tierra, que facilitarían formular programas de asentamiento campesino donde cabría mayor densidad de productores agrarios, con mejor calidad de suelos y mejor infraestructura que la que tenían los desplazados pobres, para comenzar a corregir las causas del conflicto agrario, en previsión de la crisis alimentaria mundial.
Si en vez de regresar al pasado se mirara al futuro, el Gobierno podría aprovechar que paramilitares y narcotraficantes hicieron la mitad de la tarea, al concentrar ilegalmente en sus manos las mejores tierras, y hacer la otra mitad, al distribuirlas organizadamente a los campesinos productores en distritos bien planificados, donde tengan reales oportunidades de progreso. Muchos desplazados que abandonaron por violencia tierras marginales donde no tenían futuro preferirían dejar atrás los lugares asociados al horror, para reiniciar sus proyectos de vida en mejores condiciones, donde sus hijos tuvieran el apoyo que ellos no tuvieron del Estado.
La coyuntura es ideal para formular una gran política territorial, cuyo norte debe ser el aumentar la densidad de población campesina, productora de alimentos, en las mejores tierras cercanas a los centros de consumo y desplazar la ganadería extensiva lejos de las ciudades, con plantas rurales de sacrificio y transporte refrigerado, donde no sea necesario desplazar a los campesinos para reemplazarlos con vacas.
Esa política exige fortalecer la institucionalidad agraria y dotarla de una orientación geográfica, para focalizar en distritos especializados la distribución de tierras y los apoyos del Gobierno al campesinado.
El comienzo de esa política es no dilapidar en subastas el fondo de tierras extinguidas al narcotráfico y las recuperadas de los grupos armados ilegales, sino concentrarlas en reservas campesinas para garantizar la seguridad alimentaria del país.
Alejandro Reyes Posada
