Contra la pared quedó el asesor presidencial luego de que a través de una carta, 63 legisladores estadounidenses, demócratas y republicanos, le pidieran al presidente colombiano distanciarse de las consideraciones de su colaborador con relación a la marcha del 6-M. EL NUEVO SIGLO presenta la traducción de la misiva.
ESTIMADO PRESIDENTE Uribe:Queremos expresar nuestra preocupación con relación a las amenazas y ataques contra defensores de los derechos humanos antes y después de la marcha del 6 de marzo de 2008 contra el paramilitarismo y otras formas de violencia. Le pedimos tomar una posición firme y pública a favor de quienes promueven y protegen los derechos humanos.
Nos preocupa que su asesor, José Obdulio Gaviria, asegurara públicamente en caracol Radio los días 10 y 11 de febrero que las demostraciones impulsadas por la organización de derechos humanos el 6 de marzo fueron convocadas por orden de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Él también sugirió que Iván Cepeda y otros representantes de las víctimas estaban relacionados a las Farc. Sus afirmaciones son no sólo imprecisas sino peligrosas, y le pedimos distanciar claramente a su gobierno de tales aseveraciones.
Queremos unirnos a la declaración emitida el 13 de marzo por el Alto Comisionado de as Naciones Unidas para los Derechos Humanos – Oficina Colombia, en el que expresa profunda preocupación por el incremento actual en las amenazas y asesinatos de defensores de los derechos humanos. En esa declaración el ACNUDH llama a su gobierno a garantizar pronta y efectiva protección para los defensores de los derechos humanos y líderes de organizaciones populares; y a la oficina del Fiscal General a emprender una investigación sobre estos eventos.
Apoyamos también al ACNUDH cuando enfatiza la enorme significancia, especialmente en las circunstancias actuales, que tendría que los más altos representantes de su gobierno expresaran públicamente su apoyo a “toda persona y organización que legítimamente pida la garantía de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
Desde cuando el señor Gaviria hizo esas afirmaciones, hubo un número considerable de amenazas y asesinatos de líderes de la sociedad civil y la comunidad. Estos incluyen: La misiva cita cinco asesinatos contra miembros de organizaciones civiles y sindicales, un tiroteo y “una serie de ataques físicos e intentos de secuestro contra otros activistas de derechos humanos” registrados desde el mes de febrero.
Mientras que estos ataques se centraron en participantes abiertamente involucrados con las marchas nacionales del 6 de marzo, las aseveraciones del señor Gaviria generaron un clima amenazante en el que la seguridad física y el trabajo de un amplio espectro de defensores de derechos humanos, sindicalistas y líderes civiles se puso en riesgo.
Entre las organizaciones de derechos humanos que han recibido amenazas vía e-mail desde que se produjeron las afirmaciones del señor Gaviria se encuentran… La carta cita nombres de organizaciones civiles amenazadas entre febrero y abrilEstas amenazas por e-mail fueron enviadas por grupos autodenominados Águilas Negras, los cuales han declarado a las organizaciones de derechos humanos y a los defensores de los mismos “objetivos militares”.
Recordamos que en noviembre, un delegado de Medellín perteneciente a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp-OEA), que ha estado monitoreando la desmovilización y actividades de los grupos paramilitares, también recibió una amenaza de muerte similar. Estas amenazas resaltan el clima de intimidación que rodea el trabajo tanto de las organizaciones colombianas como las internacionales. Le damos la bienvenida a su comunicación oficial del 15 de febrero para garantizar los derechos de quienes participaron en la marcha del 6 de marzo.
Lastimosamente, aún después de que ese pronunciamiento fue publicado, el señor Gaviria siguió criticando a las organizaciones que apoyaron la marcha de marzo: en la edición del 17 de febrero de El Tiempo, el señor Gaviria sugirió que de alguna forma ellos eran simpatizantes de la guerrilla; y luego nuevamente el 20 de marzo, cuando el señor Cepeda, director del Movice, le hizo una petición formal al señor Gaviria para que se retractara de sus comentarios, el señor Gaviria hizo una declaración pública a los medios diciendo que “las peticiones hechas por las Farc son siempre consideradas por el Gobierno y eso es precisamente lo que estamos haciendo con este derecho de petición”. El señor Cepeda expresó su alarma sobre el hecho de que esas declaraciones, especialmente tras el asesinato de cuatro sindicalistas, ponían su vida en peligro.
Señor Presidente, creemos fuertemente que un pronunciamiento de su parte y de los altos oficiales de su gobierno sobre el derecho de las víctimas de denunciar la violencia paramilitar y pedir justicia, ayudaría a cambiar en el que estas amenazas y ataques continúan teniendo lugar.
Respetuosamente le pedimos que personalmente reitere la prohibición que tienen los servidores públicos de hacer declaraciones desobligantes sobre los defensores de los derechos humanos, consignada en la Directiva Presidencial 07 de 1999 y la Directiva Presidencial 07 de 2001, y asegurarse de que esas medidas sean cumplidas a cabalidad los miembros del gobierno. Le pedimos también asegurar una pronta y efectiva investigación sobre todas las amenazas, asesinatos y otros incidentes anteriormente mencionados. Aquellos que cometieron esos crímenes deben ser juzgados.
Finalmente, le pedimos que públicamente rechace las aseveraciones hechas por el señor Gaviria y reafirme el compromiso de su gobierno con la protección de los derechos humanos.
Sinceramente,
Miembros del Congreso
