GUSTAVO PETRO

PARAPOLÍTICA

Pacto con Ernesto Báez enreda a cuatro congresistas de Santander

La Corte Suprema indaga los alcances del ‘acuerdo de Puerto Berrío’, suscrito por Luis Alberto Gil, Óscar Reyes, Alfonso Riaño y José Manuel Herrera en la misma época del Pacto de Ralito.

Por Élber Gutiérrez Roa

Agosto 14 de 2007-

El nombre del senador Luis Alberto Gil comenzó a sonar en el escándalo por la infiltración paramilitar en la política desde antes de que la Corte Suprema de Justicia vinculara formalmente a los 14 congresistas que hoy están presos por dichos hechos.

Sonó cuando su movimiento, Convergencia Ciudadana, comenzó a expandirse velozmente ante el asombro de sus rivales de patio en Santander. Volvió a aparecer en octubre de 2004, cuando el senador Hugo Serrano lo acusó de tener nexos con el Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas y cuando el senador Gustavo Petro denunció la infiltración paramilitar en las elecciones para gobernador de ese departamento. Estuvo en el ojo del huracán en 2006, cuando el senador Germán Vargas Lleras lo denunció por hacer proselitismo con un morral cargado de fajos de dinero. Y dio de qué hablar a comienzos de 2006, cuando el presidente Álvaro Uribe lo expulsó de la bancada uribista y pidió a la Fiscalía que investigara el origen de sus recursos.

Pese a tantos rumores, Gil se las había arreglado para pasar desapercibido gracias a un muy bajo perfil en su labor como congresista, en abierto contraste con la bonanza económica de sus campañas. Una y otra vez repitió que si alguien poseía pruebas en su contra tenía que presentarlas ante la autoridad competente y no en pocas ocasiones dijo que nunca le probarían nada porque Dios estaba de su parte.

Sus argumentos religiosos parecieron funcionarle hasta el 25 de julio pasado, cuando la Corte les abrió investigación preliminar a él y sus colegas Óscar Reyes, Alfonso Riaño y José Manuel Herrera, todos de Convergencia Ciudadana. Gil trató de salir del paso alegando que la medida fue tomada con base en un anónimo enviado al alto tribunal.

Pero este martes su situación se complicó aún más gracias a una nueva revelación de Petro, el mismo congresista que hace tres años lo puso a defenderse por su supuesta cercanía con los paras. Según el legislador del Polo Democrático, Gil y otros congresistas asistieron a una reunión con alias Ernesto Báez para hacer una alianza en la que los primeros recibirían apoyo económico y facilidades para hacer campaña política, mientras el segundo se beneficiaría con decisiones de los nuevos elegidos. La cita se habría realizado por la misma época del Pacto de Ralito de 2001, en el que 28 líderes de la Costa Atlántica y los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Don Berna, Jorge 40 y Báez acordaron “refundar la Patria”.

Petro se abstuvo de revelar los nombres de los demás asistentes al encuentro, pero indicó que éste se cumplió en Puerto Berrío, Antioquia. “Los demás nombres los debe decir Báez, quien se comprometió, mediante la ley de justicia y paz, a contar la verdad sobre sus acciones en el paramilitarismo”, indicó el senador opositor.

Aunque el presidente de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Gómez Quintero, no quiso referirse al caso para respetar la reserva sumarial, Semana.com estableció que el tribunal posee el documento mencionado por Petro y que indaga tanto su autenticidad como las consecuencias del mismo. Extraoficialmente también se conoció que los otros tres congresistas de Convergencia llamados a indagatoria por la corte habrían asistido a la reunión, pero que no serían los únicos.

La vinculación de Gil y los suyos al proceso por la parapolítica –en el que han sido mencionados medio centenar de dirigentes políticos y que tiene tras las rejas a buenas parte de la bancada uribista en el Congreso- se convierte así en una nueva arista para los investigadores, a los que mucho se les ha hablado, sin pruebas contundentes hasta el momento, sobre supuestas irregularidades en empresas en las que el Congresista tiene intereses, tales como la Corporación Televisiva Ciudadana de Santander, la Fundación Integral para la Salud y la Educación Comunitaria del Magisterio y la administradora de riesgos profesionales y EPS Sol Salud.

Pese a las insistentes versiones sobre nexos de Gil con las autodefensas, lo más cerca que la justicia había estado de él hasta esta semana eran unas investigaciones que la Fiscalía abrió en de 2005 contra dos militantes de su grupo político: Armando Quiñónez, alcalde de Rionegro, Santander, y Fredy Álvarez, concejal del mismo municipio. A ambos se les vinculó por relaciones con grupos de autodefensas.

Los votos de Convergencia

El inusitado crecimiento de los votos de convergencia Ciudadana le ha permitido al senador Gil darse varios lujos electorales como el de ser expulsado y convocado nuevamente al redil del uribismo o el de sobrevivir políticamente pese a las permanentes acusaciones del senador Serrano.

El ritmo de crecimiento de su partido comenzó en las elecciones de Congreso de 2002, cuando el de Gil era aún un colectivo regional. En las votaciones para Congreso de ese año obtuvo 161 mil votos en Santander: 90 mil para Senado y 70 mil para Cámara de Representantes.

Gil obtuvo curul en Senado siendo el puesto 14 entre los candidatos más votados del país, con 82.053 sufragios. En la Cámara de Representantes por Santander obtuvo dos de las siete casillas por proveer. La de José Manuel Herrera (uno de los políticos llamados a indagatoria por la Corte) y la de Jaime Durán. Gracias a ese resultado se quedaron por fuera verdaderos pesos pesados de la política local como los ex congresistas Juana Bazán (serpista), Gerardo Tamayo y Jorge Humberto Mantilla.

En las elecciones de gobernación, del año siguiente, accedió al control del departamento gracias los 300 mil votos que logró su candidato, Hugo Heliodoro Aguilar. Ese mismo año Convergencia se hizo a 21 alcaldías y se convirtió en el noveno partido más votado del país. Entre otras, logró las de municipios con históricas alteraciones de orden público y fuerte presencia paramilitar como Arauca (Arauca), Puerto Wilches (Santander), Carepa (Antioquia), Puerto Boyacá y Muzo, Boyacá.

También triunfó en siete curules para las asambleas (cuatro en Santander, una en Tolima, una en Huila y una en Vaupés) y sacó 317 concejales, 143 de ellos en Santander.

Su más reciente medición en las urnas fue en las elecciones de Congreso de 2006 en las que su partido se convirtió en la sexta votación más alta del país, con 566 mil apoyos y subió a siete curules en el Senado. En su orden lograron casilla Gil, el polémico senador vallecaucano Juan Carlos Martínez Sinisterra , Oscar Josué Reyes (también llamado a indagatoria por la Corte), Luis Eduardo Vives (preso por la parapolítica), Carlos Barriga, Gabriel Acosta y Samuel Arrieta.

Para la Cámara subió de dos a tres curules a través de Alfonso Riaño, José Manuel Herrera y Edgar Gómez. Riaño, el otro congresista del partido llamado por la Corte, obtuvo enormes mayorías en los municipios santandereanos aledaños a Puerto Berrío, el escenario de la reunión con Báez. De su mano, Convergencia se hizo al triunfo en municipios como Landazuri y en algunos, como Cimitarra, alcanzó el 77% de los votos del partido, que a su vez barrió a los demás.

Paras en Puerto Berrío

Puerto Berrío es uno de los municipios más grandes del Magdalena Medio y tiene vital importancia en la geografía de la violencia nacional. Como Santa fe de Ralito, es uno de los lugares en donde mayor presencia histórica han tenido las autodefensas. Fue controlado durante muchos años por el Bloque Central Bolívar, del que hacía parte Ernesto Báez.

Colonizado desde la primera mitad del siglo XX, Puerto Berrío reunió en 1.184 kilómetros cuadrados buena parte de la poderosa dirigencia ganadera del país (el municipio fue desarrollado a partir de la ganadería extensiva y del ferrocarril), una importante presencia de grupos de izquierda (alimentados desde los años 50 por la llegada de nuevos campesinos desplazados por la Violencia), guerrilla (allí operaba el frente IV de las Farc) y narcotraficantes dedicados a los negocios de la marihuana y la cocaína. Según la revista Alternativa # 44, de agosto de 1975, para esa época algunos narcos como Jaime Builes ya se habían instalado en el municipio en busca de latifundios.

En medio de este compendio de actores surgió el Movimiento de Renovación Nacional, Morena, un grupo político de extrema derecha en el que militó Báez cuando todavía no tenía apodo y se hacía llamar Iván Roberto Duque, por su nombre de pila. Morena se extendió por el Magdalena Medio, que posteriormente fueron controlando los paramilitares: Puerto Berrío y Puerto Triunfo (Antioquia), Cimitarra (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá), La Dorada (Caldas) y Puerto Salgar (Cundinamarca).

Eran las épocas del Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay, en cuyo primer año, según cifras oficiales, hubo más de 60 mil detenidos en todo el país por supuestos vínculos con terroristas. La arremetida contra las Farc fue especialmente fuerte en Puerto Berrío, en donde comenzaron a desaparecer sindicalistas, dirigentes políticos y líderes sociales. Uno de los primeras y más sonados crímenes de esta etapa fue el de Darío Apango, a quien oficialmente reportaron como víctima de un paro cardíaco. En realidad, el vicepresidente del concejo fue arrastrado por el pueblo, torturado y su cuerpo apareció con los brazos despellejados, sin pulmones y sin vísceras. Por este caso el Tribunal contencioso administrativo de Antioquia condenó a la Nación y la obligó a indemnizar a los familiares de la víctima.

Ese fue solo el inicio de una larga cadena de desapariciones, torturas, secuestros y masacres producidas bajo el telón de la pacificación de la zona. Mientras el frente IV de las Farc daba origen al XI -que masificó el boleteo, el secuestro y la extorsión-, los ganaderos, con el apoyo de algunos miembros de las Fuerzas Militares, definieron la creación de un escuadrón de 100 hombres armados para proteger el Magdalena Medio. Según el pacto, firmado en enero de 1982, cada ganadero tenía que aportar entre uno y tres hombres o el equivalente a sus sueldos.

Al mismo tiempo comenzaron a trabajar en la zona los hombres del grupo delincuencial creado por los narcos del Valle, Medellín, la Costa y Bogotá para liberar a Martha Nieves Ochoa –del clan Ochoa Vásquez- de su secuestro a manos del M-19. El reducto criminal pasó a la historia como el MAS, que significaba “muerte a secuestradores”.

El último ingrediente para el coctel de violencia que vivió el municipio fue la llegada de la XIV Brigada, que inicialmente tenía sede en Cimitarra (Santander) y que fue reubicada para ayudar en la lucha contrainsurgente. A la postre, la brigada sería comandada por el general Farouk Yanine Díaz.

De poco servían las marchas a favor de la paz lideradas por la ciudadanía. Tampoco ayudaban las de iniciativa oficial, como aquella que, en 1983, coordinó el presidente Belisario Betancur y que contó con la presencia de sus ministros de Gobierno, Justicia y Educación, así como del comisionado de paz.

En el municipio, que para entonces tenía 30 mil habitantes, se hablaba de 30 muertos cada fin de semana a manos de los paramilitares y de una población de 10 secuestrados, por los cuales la guerrilla pedía hasta 12 millones de pesos. Al final de la guerra, el Partido Comunista pasó de tener 1.382 líderes en el municipio, durante 1982, a desaparecer completamente del mapa político dos años después.

En ese ambiente se fue gestando el poder de Báez, el ex comandante de autodefensas de voz ronca y sindicado de narcotráfico que logró el reconocimiento de desmovilizado durante la primera administración del presidente Álvaro Uribe. El mismo que, meses después de la reunión con Gil, presidió una manifestación pública en Barrancabermeja para pedirle a la gente que votara al Senado por Carlos Clavijo, candidato del partido del ministro Óscar Iván Zuluaga y la senadora Adriana Gutiérrez, quienes se formaron políticamente en el Magdalena Medio. El mismo que aceptó haberse reunido, en su condición de jefe de autodefensas, con varios candidatos políticos para hablar sobre apoyos electorales. Y el mismo a quien el país vio por televisión ingresar hace tres años al Congreso a decir que Colombia está en deuda con las AUC por su gran aporte a la preservación de la democracia.