lunes, agosto 13, 2007



Parody y Petro controvierten propuestas del Procurador sobre el sistema electoral


Bogotá, agosto 12 de 2007: Dos congresistas de tendencias ideológicas opuestas, la senadora Gina Parody y su colega Gustavo Petro, coincidieron en criticar las propuestas del procurador Edgardo Maya para regresar al esquema de la circunscripción regional para elegir el Senado y para otorgar la financiación estatal de las campañas políticas.


Parody, del oficialista Partido de la U, dijo que la circunscripción territorial es un retroceso frente al voto de opinión, amarra el voto, origina los cacicazgos políticos y obliga a la gente a votar por dos senadores que pueden estar en la cárcel, como ocurre actualmente.


A su vez Petro, del opositor Polo Democrático, dijo que la propuesta del Procurador refrenda la gran mentira nacional sobre un aparente proceso democrático manejado por las mafias. "Solo beneficia a sus familiares que se encuentran presos", dijo en referencia al poder de la parapolítica.


La senadora Parody también hizo referencia al detenido ex senador Alvaro Araujo, pariente político del Procurador, de quien dijo que de manera indebida está vociferando desde la cárcel, gritando arengas y determinando quién debe ser el nuevo gobernador del Cesar para reemplazar a su primo, también detenido. "Así las cosas, estas elecciones no son limpias", dijo.


Petro tampoco está de acuerdo con la financiación estatal de las campañas políticas por considerar que los aportes de grupos mafiosos u oscuros no entran a los libros de contabilidad.


"El problema se resuelve con partidos fuertes en lo ideológico y acabando el voto preferente, que solo sirve para campañas individuales y con testaferros de los poderes mafiosos. Si hay listas fuertes con compromiso de partido, de derecha, de izquierda, de lo que sea, pero responsables, se evitan esas infiltraciones", dijo Petro al insistir en terminar con la figura del voto preferente.


Por su parte la senadora Parody dijo que la financiación estatal de las campañas es un mecanismo antidemocrático porque obliga a pagar con el bolsillo de todos a candidatos que no son de la simpatía del contribuyente, mientras que prohibe a las personas que hagan aportes a los aspirantes de sus preferencias.

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