Por considerarla de alta importancia, reproducimos la carta que dirige el señor Leo W. Gerard, Presidente del sindicato de los trabajadores del acero de los Estados Unidos, a la señora Nancy Pelosi, Presidenta de
UNITED STEEL WORKERS
UNIDAD Y FORTALEZA PARA LOS TRABAJADORES
Leo W. Gerard
Presidente Internacional
22 de febrero de 2008
POR FAX:
| Honorable Nancy Pelosi Presidenta de la Cámara de Diputados Cámara de Diputados de EE. UU. Washington, D.C. 20515 | Honorable Harry Reid Líder de la Mayoría del Senado Senado de EE. UU. Washington, D.C. 20510 |
Ref.: Delegación de la AFL-CIO en Colombia
Estimados Presidenta Pelosi y Senador Reid:
Les escribo con respecto a la visita reciente a Colombia de la delegación de la AFLC-CIO. Aunque lamentablemente no pude viajar a Colombia debido a un problema de salud urgente, el Sindicato de los Trabajadores Metalúrgicos (USW) estuvo representado en esta oportunidad por Dan Kovalik, consejero general adjunto, quien tiene vasta experiencia en la situación laboral de Colombia, ya que ha realizado catorce viajes a ese país en los últimos años. A su regreso, el Sr. Kovalik me presentó un informe pormenorizado.
La delegación sindical se reunió con los líderes y varios miembros de las tres principales confederaciones sindicalistas de Colombia (CUT, CGT y CTC), que en conjunto representan aproximadamente a 217.000 trabajadores, y también, con representantes de la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC). No obstante las intimaciones en contrario recibidas de algunos miembros del Congreso de EE. UU., estas cuatro confederaciones se oponen unánimemente al Tratado de Libre Comercio de Colombia. Los miembros de la delegación de la AFL-CIO descubrieron las razones durante su visita.
Los representantes de los sindicatos colombianos relataron cómo las organizaciones obreras están desapareciendo en el país, como resultado de la violencia manifiesta antisindicalista y de las maniobras legales llevadas a cabo por el gobierno actual de Uribe. En consecuencia, apenas 60.000 de los 18 millones de trabajadores colombianos (menos del 1%) están protegidos por un contrato laboral.
Con respecto a las maniobras “legales” antisindicales, la administración de Uribe, en clara violación de las normas laborales clave de las Convenciones 87 y 98 de la ILO (convenciones que Colombia ratificó), ha despojado a miles de trabajadores de sus derechos de negociación mediante una legislación que niega a los trabajadores del sector público el derecho a negociar colectivamente; postergando, negando y quitándoles injustificadamente el registro de sindicatos, negándoles el derecho a negociar a los trabajadores temporarios y de cooperativas, al igual que a los subcontratistas; permitiendo la creación de listas negras que comprenden a sindicalistas y a sus seguidores; y negando el derecho a huelga a muchos trabajadores, incluidos nuestros compañeros trabajadores sindicalistas de la industria del petróleo. Con respecto a este último tema, el congresista Wilson Borja explicó a la delegación sindical que la administración de Uribe rotula como “esenciales” a muchos segmentos de la economía, como el petróleo y otras industrias de extracción, y por lo tanto, los ha declarado inmunes al derecho legal a la huelga.
Y además, los relativamente pocos trabajadores que todavía están protegidos por los contratos laborales son blanco de asesinatos. En resumen, en Colombia quedan muchísimos menos trabajadores sindicalistas que asesinar, pero todavía siguen aniquilándolos. En lo que va del año, ya fueron asesinados cinco (5) sindicalistas.
Aunque no puedo relatar todas las historias conmovedoras que escuchó la delegación acerca de vidas destruidas por los continuos atentados antisindicalistas, quiero hacerles llegar al menos una muestra de tales historias. Por ejemplo, algunos miembros, muchos de los cuales eran mujeres, del sindicato Sintraemcali (el sindicato de los trabajadores municipales de Cali) hicieron un largo viaje en ómnibus sólo para tener la oportunidad de reunirse con la delegación en Bogotá. Estas personas formaban parte de un grupo de 51 sindicalistas activos, que fueron despedidos en represalia por haber desafiado el plan del Presidente Uribe de privatizar los servicios públicos de Cali y en consecuencia, destruir al sindicato Sintraemcali. Estos trabajadores, ahora sin sus medios de subsistencia, relataron con lágrimas en los ojos cómo enfrentan su problema de sobrevivencia y a su vez, siguen luchando por sus puestos de trabajo a través del Ministerio de Protección Social. Mientras tanto, en el transcurso de esta lucha antiprivatizadora, varios miembros de Sintraemcali han sido asesinados y otros han sufrido secuestros, exilios, arrestos y encarcelamientos. Los arrestados y encarcelados fueron acusados de “terrorismo” por el estado, cargos que luego quedarían sin efecto por falta de pruebas. (A continuación, más sobre el estigma del que son objeto los sindicalistas por parte del estado.)
Vale la pena destacar que los líderes del sindicato Sintraemcali, así como uno de sus principales aliados en el Congreso, Alexander López (con quién también se reunió Dan Kovalik), fueron blanco de lo que se conoce como la “Operación Dragón”: un plan para “neutralizar” (palabra que en algunos casos significa asesinar) a los líderes sociales clave relacionados con la lucha antiprivatizadora en Cali. Según el Teniente Coronel (Re) Julián Villate, uno de los autores de este plan, éste recibió la aprobación plena del Ministerio del Interior del Presidente Uribe y la aprobación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia. Curiosamente, aunque los planes detallados de la “Operación Dragón” se encontraron en poder del Sr. Villate, él sigue trabajando para la empresa Drummond Coal Company en el estado de César. Mientras tanto, el congresista Alexander López sigue recibiendo amenazas de muerte; los 51 sindicalistas de Sintraemcali despedidos siguen desempleados; y de acuerdo con la oficina de la Fiscalía, Julián Villate fue el autor del complot para asesinar al Senador Gustavo Petro (quien también se reunió con la delegación) el año pasado.
En el transcurso del viaje, la delegación también se enteró a través de los sindicalistas de que los militares colombianos habían ingresado a Telecom para echar por la fuerza a 8.000 trabajadores de sus puestos de trabajo, después de que el Presidente Uribe liquidara ilegalmente, y por decreto, a esta compañía telefónica administrada por el estado. La delegación también escuchó acerca de la heroica lucha de los trabajadores del sector de la floricultura (que emplea a un total de 100.000 personas) para intentar organizarse en un sindicato, sólo para ser acallados por Dole Foods, que a fin de destruir la campaña de formación del sindicato, no escatimó esfuerzos y cerró su mayor plantación de flores.
Queremos señalar que Dole Foods todavía no recibió ninguna sanción después de haber sido acusada, con credibilidad, el año pasado de efectuar pagos frecuentes a la organización ilegal de paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En efecto, la Dole fue mencionada como la compañía que, en realidad, recaudaba los pagos de todas las compañías bananeras en Antioquia y los entregaba a las AUC. Esta relación entre las compañías bananeras y las AUC es importante cuando se considera al Tratado de Libre Comercio (FTA) de Colombia, que tal cual está redactado beneficiará ampliamente a los grandes terratenientes, tales como las compañías bananeras multinacionales y a las organizaciones paramilitares, quienes han lavado el dinero de la droga a través de la compra de grandes extensiones de tierra.
La delegación se reunió también con varios líderes congresistas. Por ejemplo, con Orsinia Polanco Jusayu, la representante de los pueblos indígenas de Colombia, quién declaró su oposición al FTA, ya que considera que este tratado conducirá a que los pueblos indígenas pierdan más tierras a manos de las compañías multinacionales. La congresista Polanco también relató la extraña historia de un grupo de indígenas que el Presidente Uribe llevó a Washington DC el año pasado con el pretexto de que tendrían la oportunidad de exponer ante los representantes del Congreso los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en Colombia. Pero luego descubrieron que, en realidad, habían sido llevados a Washington DC para hacer lobby a favor del FTA, un tratado al que en realidad se oponen. Algunos de estos representantes indígenas regresaron anticipadamente a Colombia cuando descubrieron el motivo real del viaje.
Por último, deseaba comunicarles acerca de la reunión que mantuvo la delegación con el Presidente Uribe, una reunión en la que Uribe develó su verdadero y a la vez, contundente punto de vista con respecto a los sindicalistas de Colombia. Durante esta reunión, el Sr. Kovalik manifestó al Presidente Uribe la preocupación de la delegación con respecto al peligroso estigma que pesa sobre los sindicalistas impuesto por las empresas, el gobierno y los militares de Colombia. Durante esta conversación, el Sr. Kovalik describió una conversación que tuvo con un coronel de la Brigada 18 del Ejército de Colombia (Coronel Medina) muy poco después de que esta brigada matara a balazos a tres sindicalistas cerca de Saravena en agosto de 2004. El Coronel afirmó que sabía que su deber como oficial del ejército era proteger a los sindicalistas de la misma forma que al resto de los ciudadanos. Sin embargo, afirmó que, en realidad, muchos de los sindicalistas eran guerrilleros; una afirmación como esta, si bien es falsa, logra que los sindicalistas se conviertan en un blanco para los ataques de las fuerzas armadas.
Como respuesta, el Presidente Uribe contestó que todos los meses se reúne con sindicalistas y que muchos de ellos son de buen corazón. Sin embargo, al igual que el coronel, Uribe continuó su discurso con un significativo "pero". Comentó que cuando era estudiante (décadas atrás), se enteró de que una de las tácticas de los guerrilleros consistía en infiltrarse en el movimiento sindical y estudiantil y en la prensa. Luego, aseveró que, y en relación con lo dicho anteriormente, esos tres sindicalistas muertos en Saravena eran de hecho guerrilleros vinculados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los grupos guerrilleros de izquierda. El Sr. Kovalik discrepó abiertamente con el Presidente y señaló que, después de investigar, su propio fiscal general (Mario Iguarán, con quien también se reunió la delegación) había llegado a la conclusión de que eso era falso y de que, en realidad, la Brigada 18 les había colocado armas a los sindicalistas para que pareciera que habían muerto como rebeldes en un enfrentamiento armado. En respuesta, Uribe dijo que había ido a Saravena personalmente y que miembros (sin nombres) de la comunidad le habían asegurado que las tres víctimas eran, en efecto, miembros del ELN.
Además, durante esta reunión con la delegación, el Presidente Uribe intentó minimizar las muertes de los cinco sindicalistas asesinados durante este año (casi uno por semana) afirmando, como lo ha hecho tan a menudo, que todos habían muerto durante robos de poca importancia o peleas domésticas. A diferencia de lo que hizo su propio Fiscal General, Mario Iguarán, Uribe simplemente se rehusó a reconocer a la delegación que esos sindicalistas, como otros asesinados en Colombia, habían sido muertos precisamente porque eran sindicalistas.
Finalmente, los comentarios del Presidente Uribe revelaron precisamente por qué continúan las muertes de los sindicalistas, debido al estigma que pesa sobre ellos, impuesto por el gobierno colombiano, incluido el mismo Presidente.
Señora Presidente y Senador Reid, no encuentro palabras para expresarles cuán preocupados estamos acerca del destino de los trabajadores y sindicalistas de Colombia. Esta preocupación impulsa nuestra continua y enérgica oposición al Tratado de Libre Comercio de Colombia, una oposición que compartimos con las tres confederaciones sindicalistas de Colombia. Los exhorto, en nombre de los movimientos de trabajadores de Colombia y EE. UU., a continuar su gran labor para evitar que este tratado llegue alguna vez a ser votado en el recinto del Congreso. Muchas gracias.
Atentamente
Leo W. Gerard
Presidente Internacional
LWG/ctl
cc: Hon. Richard Durbin, Oficial Disciplinario de la Mayoría del Senado
Hon. Edward Kennedy, Presidente, Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado
Hon. Max Baucus, Presidente, Comité de Finanzas del Senado
Hon. Steny Hoyer, Líder de la Mayoría de la Cámara de Diputados Hon. James Clyburn, Oficial Disciplinario de la Mayoría de la Cámara de Diputados
Hon. Charles Rangel, Presidente, Comité Disposición y Medios de la Cámara de Diputados
Hon. George Miller, Presidente, Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Diputados Hon. Sander Levin, Presidente, Subcomité de Comercio de la Cámara de Diputados
2 comentarios:
Es triste reconocer que al actual gobierno y su Presidente Uribe, NO LES INTERESA LA VIDA DE LAS PERSONAS.
Han condenado a INGRID BETANCOURT a muerte. Con el golpe que le dieron a las FARC, con la caída de RAUL REYES, han cavado la tumba de INGRID y de los demás colombianos secuestrados, víctimas de esta horrenda guerra.
Qué pesar, el URIBISMO con tald e seguir en la guerra que les genera tantos réditos POLÍTICOS Y ECONÓMICOS, OJO, NO LES IMPORTA PONER EN RIESGO A LOS COLOMBIANOS MÁS VULNERABLES.
QUÉ PESAR
Senador Petro,
Si bien es cierto que cientos de sindicalistas en Colombia están siendo perseguidos por fuerzas oscuras y que continuamente se violan sus derechos laborales, quiero llamar la atención sobre las condiciones de trabajo indigno en que estamos inmersos miles de colombianos enmarcados en modelo de "contratistas".
Y lo hago, porque precisamente es el mismo estado el que genera este fenómeno, pues no existen otras posibilidades de vinculación laboral a través de contratos de trabajo o de carrera administrativa. De hecho, esta modalidad se ha convertido en la única alternativa obligada para las personas naturales que sentimos un compromiso y queremos trabajar desde lo público.
Lo grave del asunto, es que bajo esta modalidad contractual el contratista tiene que sujetarse tácitamente a lo siguiente:
Costumbres viciadas en las que se apela a la manipulación emocional y material, donde bajo los argumentos de un posible contrato, se engancha a la gente para que comience a desempeñar labores sin haber formalizado la relación contractual. Al que bien le va, trabaja una o dos semanas a costa de su bolsillo, para lograr firmar un contrato.
Y luego, ¿Qué significa firmar un contrato de servicios profesionales? Primero, pagar unas tarifas desmedidas para su legalización (publicación en el diario oficial, pólizas,etc)segundo, aceptar que la asignación del pago de dichos honorarios se reduce con los impuestos de ley establecidos (retenciones, estampillas, etc).
Si bien es cierto las obligaciones deben cumplirse de manera autónoma por parte del contratista, la realidad es que la entidad exige tácitamente que el contratista permanezca en las instalaciones, toda vez que debe atender al público en los horarios laborales de la entidad, estar disponible para cualquier reunión programada o no, cumplir funciones administrativas y en algunos casos desempeñar cargos de responsabilidad que deberían estar en cabeza de los funcionarios.
Esta es una realidad que está generando en el país un mercado laboral paralelo al de la función pública, en el que el estado se desentiende de la seguridad social, prestaciones legales y de las garantías de un fuero de estabilidad.
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