viernes, febrero 22, 2008

Real Cédula de los palmicultores

el yesQuero

Ensayos de análisis y crítica política

www.elyesquero.blogspot.com

Nro. 183

Real Cédula de los palmicultores

Por

Rafael Rincón Patiño*


El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan realizarse plenamente los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.

Derecho al desarrollo ONU


En la Constitución Política de Colombia de 1991 la organización territorial está integrada por departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas y cada una de las unidades territoriales goza de autonomía, es decir se gobierna por autoridades propias de elección popular. Aunque el mandato constitucional es claro, el presidente Uribe V. yuxtapone una colonial organización administrativa y ha ungido a ministros como especies de virreyes para tutelar las regiones.


Donde no hay confianza y hay intereses del Estado Comunitario se instala un “neovirrey” a ejercer dominio inminente sobre la parroquia. Ese es el modelo de administración pública centralista de Uribe V. para aquellos lugares en donde mandan gobernadores no afectos a la causa de la seguridad democrática. Las regiones viven una descentralización tutelada por la seguridad democrática y no por la Constitución.


Es el retorno a la metrópoli, una forma disfrazada de centralismo. El neovirrey rinde informes a la Corona de la Casa de Nariño y allí se toman las decisiones relacionadas con las colonias en materia de infraestructura, salud, educación que afectarán o beneficiarán a la autoridad local adepta o insubordinada.


El ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, conocido por su abyecto servilismo, oficia como neovirrey para el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia. Fue el tutor de la Gobernación de Antioquia mientras estuvo regida por Aníbal Gaviria, y lo sigue siendo, con el gobernador Luis Alfredo Ramos y el alcalde Alonso Salazar.


La Corona de la Casa de Nariño, en cabeza del presidente Uribe V., ha beneficiado con esta comarca al economista Andrés Felipe Arias L., hijo de estas tierras y reconocido por el uso de la camiseta blanca con letras negras que niega el despeje de los municipios de Pradera y Florida en el departamento del Valle.


El neovirrey Arias L., titular de este cargo por servil y no por alcurnia o letrado, es un enemigo absoluto del acuerdo humanitario y un hombre de la guerra. Compite con Germán Vargas Lleras por el perfil de “duro” para hacerse al poder o al mérito de ser la mano derecha del líder diestro y siniestro actual. Como servil se mueve más fácil el presidente Uribe V. que él, el regalado siempre es más papista que el papa, esa es la forma de acreditarse, su particular manera de presentarle finura al patrón. Vive de dar coba a los opositores y al mismo presidente Uribe V. Le encantan los reflectores y embriagado de poder es capaz de hacerse matar por su jefe o por las banderas de su jefe, al mejor estilo de la violencia de mediados del siglo XX.


Más que la agricultura al ministro Arias L. lo define la tenencia de la tierra. El “No al despeje” nace de sus entrañas, no es una pose, es una orden que cumple como propia. Él encarna el inamovible del “No al despeje”, ahí nunca habrá negociación, primero muerto.


El economista Arias L. entiende la riqueza como una condición de los ricos y la pobreza como una calidad de los pobres. Actuando como lugarteniente de la mafia de los palmicultores, caracterizados autores de desplazamiento forzado en la zona de Urabá, decidió entregar las 17000 hectáreas de la hacienda Carimagua en el departamento del Meta, a sus poderdantes los palmicultores, y no a los descamisados desplazados, con el desatinado argumento de que son tierras ácidas e improductivas.


El desarrollo humano, dice el economista hindú Amartya Sen, pasa por el desarrollo de las potencialidades humanas. Dice el premio Nobel que de lo que se trata es de aumentar las opciones vitales de las personas. Dice Sen que “el trabajo permite tener contactos sociales, desarrollar habilidades, alcanzar un estado de bienestar psicológico o mejorar la auto estima”. El neovirrey Arias L. debe, por lo tanto, alejarse de esa economía del bienestar que se mueve en el paradigma racional de mayores beneficios económicos y de nada para el desarrollo humano de la gente.


Además de ser un derecho colectivo el derecho al desarrollo es un derecho humano fundamental. Como derecho individual el derecho al desarrollo es el nombre del derecho fundamental al mínimo social, un derecho que pasa por el principio de la igualdad de oportunidades.


El neovirrey Arias L. atentó contra los derechos al desarrollo, a la verdad, la justicia, la reparación y la memoria de la población desplazada. El también lugarteniente Arias L. ignora el principio de solidaridad, se guía por la competitividad y el crecimiento, desconoce el desarrollo como derecho humano fundamental, se brinca la Constitución y la Sentencia T-025-2004 de la Corte Constitucional sobre protección a la población desplazada.


Así es, en el gobierno de la seguridad democrática las oportunidades son dulces para las mafias, para los ilegales y son agrias para las víctimas, para los legales, para los cumplidores de la ley. La población desplazada tiene derecho a trabajar para los amos, son libres, sin discriminación alguna, para ser esclavos. Tienen derecho a escoger el amo, a recibir o no jornal, a votar la reelección de Uribe V. ya o dentro de cuatro años.


Mientras tanto la Corona de la Casa de Nariño se complace con las cédulas reales del neovirrey, las licencias a los poderosos patrocinadores de la reelección. Así se financia la campaña.


* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 19 de febrero de 2008


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