Por considerar de gran interés para las víctimas de la violencia paramilitar en Colombia, publicamos la carta que el sindicato de Trabajadores del Acero en los Estados Unidos, UNITED STEELWORKERS, han enviado al congreso norteamericano pidiendo ayuda para que las víctimas colombianas puedan viajar a interrogar a los lideres paramilitares extraditados.
El texto de la comunicación es el siguiente:
El texto de la comunicación es el siguiente:
UNITED STEELWORKERS
USW™
UNIDAD Y FORTALEZA PARA LOS TRABAJADORES
Leo W. Gerard
Presidente Internacional
15 de mayo de 2008
Transmisión por fax (202) 225-8259
Honorable Nancy Pelosi
Presidenta de la Cámara de Diputados
Cámara de Diputados de EE. UU.
Washington, D.C. 20515
Estimada Señora Presidente:
Ref.: Extradición de líderes paramilitares
Le escribo con respecto a las serias preocupaciones que se suscitaron a partir de la extradición a los Estados Unidos de 14 altos líderes paramilitares de Colombia. Naturalmente, esta extradición tendrá resultados positivos; ante todo, la garantía de que estos líderes ya no podrán seguir controlando sus unidades paramilitares desde la prisión. Aun así, existe la posibilidad de que haya que abordar ciertas consecuencias negativas.
Varios grupos defensores de los derechos humanos y grupos sindicalistas han puesto de manifiesto, ante nosotros y ante la prensa, la preocupación de que estas extradiciones pongan un freno a los esfuerzos continuos que se llevan adelante en Colombia por esclarecer los crímenes cometidos por los paramilitares, determinar la ubicación de cientos de tumbas no identificadas y someter a juicio a los funcionarios del gobierno colombiano y a los empresarios (tanto de Colombia como de EE. UU.) que hayan colaborado con los paramilitares en la comisión de abusos contra los derechos humanos.
Por ejemplo, en relación a esto último, el líder paramilitar extraditado Salvatore Mancuso cuenta con datos sobre la colaboración entre compañías bananeras de EE. UU (como Dole & Del Monte) y los grupos paramilitares que asesinaron a 4.000 civiles en Antioquia. Mancuso también declaró que las compañías de carbón del Departamento de Cesar han realizado pagos regulares a los paramilitares. Dentro de ese Departamento se encuentra la compañía Drummond Company, con sede en Alabama, a la que demandamos por el asesinato de tres sindicalistas en el año 2001. Además, varios testigos declararon que Drummond le pagó al líder extraditado Rodrigo Tovar (alias "Jorge 40") para llevar a cabo estos homicidios.
Es de suma importancia seguir todos los pasos necesarios para recabar y sacar a la luz toda la evidencia que estos líderes paramilitares y otros similares puedan suministrar sobre estos crímenes. Al menos por el momento, parece improbable que el Ministerio de Justicia se involucre en este proceso de esclarecimiento ya que aparentemente los líderes extraditados sólo serán juzgados por delitos relacionados con tráfico de drogas. Efectivamente, Salvatore Mancuso mencionó el domingo pasado en la entrevista del programa 60 Minutes que el Ministerio de Justicia de EE. UU. nunca se mostró interesado en lo que él sabía sobre la complicidad corporativa de EE. UU. con los paramilitares en Colombia, entre otras cosas. Esto nos lleva a preguntarnos si, al autorizar estas extradiciones, la Administración Bush no pretende en realidad encubrir los crímenes a los que pueden hacer referencia estos paramilitares.
En vista de estas preocupaciones, solicitamos al Congreso de EE. UU., con el mayor de los respetos, que se involucre activamente para continuar el proceso iniciado en Colombia y cuyo objetivo es obtener evidencia acerca de los graves abusos contra los derechos humanos en que los líderes paramilitares extraditados se vieron involucrados o sobre los que tienen conocimiento. Creemos que el Congreso de EE. UU podría colaborar de la siguiente manera: (1) ayudando a los grupos defensores de los derechos humanos y a los grupos sindicalistas en EE. UU. y Colombia para que se encuentren con estos líderes paramilitares y puedan interrogarlos; (2) llevando a cabo audiencias en las que el Congreso de EE. UU. podría continuar con la tarea de reunir información; tarea que comenzó en Colombia, aunque de manera imperfecta, en conformidad con los Acuerdos de Paz y Justicia.
Muchas gracias por su atención y colaboración.
Atentamente,
Leo W. Gerard
Presidente Internacional
CC: Honorable Richard Durbin, Oficial Disciplinario de la Mayoría del Senado
Honorable Edward Kennedy, Presidente, Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado
Honorable Max Baucus, Presidente, Comité de Finanzas del Senado
Honorable Steny Hoyer, Líder de la Mayoría de la Cámara de Diputados
Honorable James Clyburn, Oficial Disciplinario de la Mayoría de la Cámara de Diputados
Honorable Charles Rangel, Presidente, Comité de Disposición y Medios de la Cámara de
USW™
UNIDAD Y FORTALEZA PARA LOS TRABAJADORES
Leo W. Gerard
Presidente Internacional
15 de mayo de 2008
Transmisión por fax (202) 225-8259
Honorable Nancy Pelosi
Presidenta de la Cámara de Diputados
Cámara de Diputados de EE. UU.
Washington, D.C. 20515
Estimada Señora Presidente:
Ref.: Extradición de líderes paramilitares
Le escribo con respecto a las serias preocupaciones que se suscitaron a partir de la extradición a los Estados Unidos de 14 altos líderes paramilitares de Colombia. Naturalmente, esta extradición tendrá resultados positivos; ante todo, la garantía de que estos líderes ya no podrán seguir controlando sus unidades paramilitares desde la prisión. Aun así, existe la posibilidad de que haya que abordar ciertas consecuencias negativas.
Varios grupos defensores de los derechos humanos y grupos sindicalistas han puesto de manifiesto, ante nosotros y ante la prensa, la preocupación de que estas extradiciones pongan un freno a los esfuerzos continuos que se llevan adelante en Colombia por esclarecer los crímenes cometidos por los paramilitares, determinar la ubicación de cientos de tumbas no identificadas y someter a juicio a los funcionarios del gobierno colombiano y a los empresarios (tanto de Colombia como de EE. UU.) que hayan colaborado con los paramilitares en la comisión de abusos contra los derechos humanos.
Por ejemplo, en relación a esto último, el líder paramilitar extraditado Salvatore Mancuso cuenta con datos sobre la colaboración entre compañías bananeras de EE. UU (como Dole & Del Monte) y los grupos paramilitares que asesinaron a 4.000 civiles en Antioquia. Mancuso también declaró que las compañías de carbón del Departamento de Cesar han realizado pagos regulares a los paramilitares. Dentro de ese Departamento se encuentra la compañía Drummond Company, con sede en Alabama, a la que demandamos por el asesinato de tres sindicalistas en el año 2001. Además, varios testigos declararon que Drummond le pagó al líder extraditado Rodrigo Tovar (alias "Jorge 40") para llevar a cabo estos homicidios.
Es de suma importancia seguir todos los pasos necesarios para recabar y sacar a la luz toda la evidencia que estos líderes paramilitares y otros similares puedan suministrar sobre estos crímenes. Al menos por el momento, parece improbable que el Ministerio de Justicia se involucre en este proceso de esclarecimiento ya que aparentemente los líderes extraditados sólo serán juzgados por delitos relacionados con tráfico de drogas. Efectivamente, Salvatore Mancuso mencionó el domingo pasado en la entrevista del programa 60 Minutes que el Ministerio de Justicia de EE. UU. nunca se mostró interesado en lo que él sabía sobre la complicidad corporativa de EE. UU. con los paramilitares en Colombia, entre otras cosas. Esto nos lleva a preguntarnos si, al autorizar estas extradiciones, la Administración Bush no pretende en realidad encubrir los crímenes a los que pueden hacer referencia estos paramilitares.
En vista de estas preocupaciones, solicitamos al Congreso de EE. UU., con el mayor de los respetos, que se involucre activamente para continuar el proceso iniciado en Colombia y cuyo objetivo es obtener evidencia acerca de los graves abusos contra los derechos humanos en que los líderes paramilitares extraditados se vieron involucrados o sobre los que tienen conocimiento. Creemos que el Congreso de EE. UU podría colaborar de la siguiente manera: (1) ayudando a los grupos defensores de los derechos humanos y a los grupos sindicalistas en EE. UU. y Colombia para que se encuentren con estos líderes paramilitares y puedan interrogarlos; (2) llevando a cabo audiencias en las que el Congreso de EE. UU. podría continuar con la tarea de reunir información; tarea que comenzó en Colombia, aunque de manera imperfecta, en conformidad con los Acuerdos de Paz y Justicia.
Muchas gracias por su atención y colaboración.
Atentamente,
Leo W. Gerard
Presidente Internacional
CC: Honorable Richard Durbin, Oficial Disciplinario de la Mayoría del Senado
Honorable Edward Kennedy, Presidente, Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado
Honorable Max Baucus, Presidente, Comité de Finanzas del Senado
Honorable Steny Hoyer, Líder de la Mayoría de la Cámara de Diputados
Honorable James Clyburn, Oficial Disciplinario de la Mayoría de la Cámara de Diputados
Honorable Charles Rangel, Presidente, Comité de Disposición y Medios de la Cámara de
Diputados
Honorable George Miller, Presidente, Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Diputados
Honorable Sander Levin, Presidente, Subcomité de Comercio de la Cámara de Diputados
Honorable William Delahunt, Presidente, Organizaciones Internacionales, Derechos Humanos y Supervisión
United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union
Five Gateway Center, Pittsburgh, PA 15222 – 412-562-2400 – www.usw.org
